EL LLAMADO SOAT MEDICO

Por: Juan Carlos Ferrer

Un tema que está en cuestión es el llamado SOAT Médico que el presidente Alan García y su gobierno están decididos a crear, obviamente, esto ha generado respuesta en los gremios y profesionales médicos, quienes se oponen a la decisión del gobierno.

Un aspecto a tomar en cuenta, esta referido a la necesidad de aceptar como algo normal, una indemnización para quien sea afectado por una negligencia, sea esta médica o de otra naturaleza. El porcentaje de respuesta a esta pregunta, no tendría por ninguna razón ser menor al 100% de quienes opinen, sea a través de una encuesta u otro mecanismo de consulta.

Respecto a esto, la estrategia desarrollada por los dirigentes del gremio médico, no es la apropiada, porque, para la opinión del lego en el tema, aparece como que los medicos se oponen a indemnizar, mientras que el gobierno, mantiene una posición a favor de los usuarios de los servicios de salud.

Ahora bien, respecto al SOAT médico, ¿quien lo debe pagar?, esta es la pregunta clave y a nuestro entender, siendo el responsable de la salud pública el Estado y no el profesional de la salud, por otro lado, la mala calidad de los servicios de salud en gran medida es de responsabilidad del gobierno, el cual en los presupuestos, no refleja los requerimientos del sector para operación y sobre todo para mantenimiento de los equipos médicos.

Asimismo, la creación del SIS, genera una mayor demanda, que en una red de establecimientos de salud, donde la tarifa es menor que los costos, genera pérdidas, que al no ser cubiertas por incrementos en los recursos por parte del Estado, generan una reducción en la calidad, en detrimento de los usuarios y tambien, un mayor riesgo de ocurrencia de siniestros que pueden calificarse como pasibles de ser cubiertos por el SOAT médico.

Finalmente, si el Estado quiere reducir los accidentes médicos, debe definir la salud como política de Estado y optar de una vez por todas, por un modelo de atención que priorice la Prevención y Promoción como lo vienen haciendo otros países, (incluido Chile, al cual este gobierno pretende superar) y no ser como siempre, de los últimos en llegar a los nuevos paradigmas de desarrollo como ha sido durante toda nuestra historia.

PERU: LA MODERNIZACION DEL ESTADO

Por: Juan Carlos Ferrer V.

A diario escuchamos a políticos, profesionales, académicos y otras personalidades referirse a la modernización del Estado, a las reformas pendientes y a las reformas incompletas, que impiden un Estado eficiente que nos lleve al desarrollo.

En el tema de la modernización del Estado, se habla de las reforma del poder judicial, de la educación, del sector salud, etc., sin embargo, ninguno de los agentes que mencionan el tema de la modernización del Estado, intentan por lo menos reseñar con cierta precisión, cuales serían las características de este Estado moderno y que acciones se deben tener para lograr dicho resultado.

En este artículo, no queremos caer en el mismo error y por lo tanto señalaremos a nuestro entender, cual es la visión de un Estado Moderno en un país como el nuestro y que acciones deben realizar los diversos agentes económicos para tal efecto.

Todos coinciden en que la modernización del Estado es un aspecto fundamental para el desarrollo, incluso, el presidente de la República en su "Perro del Hortelano", incluye implicitamente este aspecto, como una de las trabas al desarrollo del país.

El tema de la modernización del Estado pasa por comprender que esto significa aproximar la gestión pública a la gestión privada, esto implica una serie de aspectos que es pertinente tomar en cuenta, como se viene dando. En la actualidad, por lo menos en términos conceptuales, la gestión pública utiliza las técnicas e instrumentos de la gerencia privada.

Nos parece que un estado moderno debe incluir de manera explicita una respuesta a los siguientes aspectos:

a) Un sistema de Planificación que permita prever el futuro con un enfoque prospectivo y que implique un pensamiento y actitud prospectiva de los agentes económicos a todo nivel

b) Es necesario minimizar el abuso de los cargos de confianza al interior del sector público, a ningun partido por mayor que sea su votación, le corresponde apropiarse del Estado. Se debe acceder al aparato estatal por oposición de meritos, inclusive a nivel de ministros y no a favores políticos.
c) Un sistema anticorrupción que permita que los gastos generen efectos positivos en la economía y no se conviertan en instrumento de enriquecimiento ilicito.